Si alguna vez usted ha adquirido un hospedaje o un tiempo compartido de la cadena Sunset para vacacionar en Cancún o la Riviera Maya, quizá nunca se habría imaginado que se lo vendieron desde la cárcel federal Camp Bryan en Texas, Estados Unidos.
Se trata de un programa piloto de rehabilitación para mujeres presas de baja peligrosidad que la cadena mexicana Sunset World echó a andar en el 2007 con el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Estas mujeres, en su mayoría hispanas bilingües, tienen asignado un salario, el cual es establecido por el Departamento de Justicia del vecino país. Aparte de eso tienen una escala de comisiones por las ventas generadas; asimismo reciben incentivos semanales si cumplen su cuota mínima de paquetes vendidos. Estos incentivos son cubiertos en su totalidad por la división Marketing 4 de Sunset Group.
EL MODELO
La operación de este programa requirió la habilitación de un call center al interior de la prisión, que es operado en 90% por las internas.
“Ellas no tienen la permisibilidad de hacer llamadas salientes, sólo reciben las llamadas de los potenciales clientes. Al momento de realizarse la venta, ellas transfieren la llamada a un verificador, el cual cubre todos los términos y condiciones del paquete vacacional que se está vendiendo y al mismo tiempo corrobora que el cliente entiende a 100% lo que está comprando”, refiere.
“El verificador es una persona que trabaja directamente para nuestra oficina aquí en Cancún, ninguna interna obtiene información confidencial por parte del cliente. Trabajamos con una serie de normas y regulaciones implementadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las cuales deben respetarse en su totalidad para poder operar dentro de una cárcel federal”, añade el también propietario de la cadena hotelera.
Es una modalidad única en su tipo en Estados Unidos en la que Grupo Sunset ha invertido alrededor de 5 millones de dólares. El programa piloto se extenderá por uno o dos años más, y hasta entonces se determinará su viabilidad para hacer de éste un programa oficial de rehabilitación que se replique en otras cárceles federales de EU, concluye Arroyo Marroquín.
Fuente: Jesús Vázquez / El Economista
